La mayoría de las viviendas en alquiler en España cuentan con calificaciones energéticas ineficientes, que posiblemente quedarán obsoletas en los próximos años y deberán mejorar para cumplir con los objetivos de la Unión Europea.
La calificación energética de una vivienda es un índice que mide la eficiencia de su consumo energético mediante una escala de valores que van desde la etiqueta A, la más eficiente, a la G, la menos eficiente. Un inmueble con una valoración tipo A puede llegar a consumir hasta un 90% menos de energía que uno con una clasificación de G.
Desde 2013, el documento de calificación energética, que registra el consumo de energía de una vivienda y sus emisiones de CO2, es obligatorio para todos los inmuebles que se pongan en alquiler o en venta. Las etiquetas A, B y C son las más eficientes, es decir, las que menos cantidad de energía consumen para cubrir las necesidades de los habitantes de un hogar y las que menos emisiones producen. Por el contrario, las calificaciones E, F y G son las que tienen un mayor consumo y más emisiones.
En España, más de un 80% de las viviendas en alquiler cuentan con alguna de estas etiquetas menos eficientes. Pero en los próximos años las cosas podrían cambiar. La Unión Europea ha aprobado una nueva directiva sobre eficiencia energética de los edificios que obliga a reducir el consumo energético del parque de vivienda residenciales en un 16% con respecto a 2022 para el año 2030, un porcentaje que se eleva hasta en torno al 20% y el 22% para 2035.
La legislación señala que el 55% de esta reducción del consumo energético debe proceder de la renovación del 43% de los edificios residenciales menos eficientes, por lo que, inevitablemente, las viviendas con etiquetas E, F o G deberán mejorar su calificación si se quiere cumplir con estos objetivos.
Al contrario de lo que se pretendía en un primer momento, esta mejora no será una obligación para los propietarios que deseen alquilar su vivienda, como contemplaba la propuesta legislativa inicial. Sin embargo, todos los países deberán elaborar un plan de ruta para lograr los objetivos marcados por Bruselas, y algunos podrán optar por prohibir el arrendamiento de los inmuebles que más consumen.
Este es el caso de Francia, por ejemplo, que se adelantó al resto de países y elaboró un proyecto que prevé la rehabilitación de las viviendas menos eficientes y la prohibición progresiva del alquiler de las viviendas con etiquetas G en 2025, F en 2028 y E en 2034. España todavía no ha presentado su plan y no están claras sus intenciones, pero si decidiera inspirarse en el modelo francés, con la situación actual, podría llegar a desaparecer del mercado más del 80% del parque actual.
De cualquier manera, la UE cuenta con ayudas económicas para ayudar a financiar la mejora de la eficiencia de los edificios residenciales. Debemos tener en cuenta que hacerlo no solo reducirá las emisiones y será más respetuoso con el medio ambiente, sino que también será bueno para tu bolsillo, permitiendo ahorrar en tus facturas de luz y de gas todos los meses.
