El pasado 17 de septiembre, el Pleno del Congreso de los Diputados votó la toma en consideración de una Proposición de Ley para regular el alquiler de temporada y el de habitaciones. No fue una votación para aprobar esta medida, sino para iniciar el proceso para tramitar el texto en las Cortes. Sin embargo, el voto negativo de una mayoría de diputados impidió que la propuesta saliera adelante, pese a que sus impulsores aseguran que seguirán intentándolo y que están dispuestos a plantear una nueva votación.
La Proposición de Ley, presentada por los partidos SUMAR, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, recogía las reivindicaciones del colectivo de Sindicatos de Inquilinas, que viene denunciando desde hace tiempo que el alquiler temporal se está utilizando como una vía de escape para eludir las restricciones impuestas por la Ley de Vivienda, especialmente en zonas como Cataluña, la única donde se ha declarado una zona de mercado tensionado.
En este sentido, la propuesta pretendía introducir cambios en la legislación para que el alquiler de temporada quedara incluido en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), como hasta ahora sucede únicamente con los arrendamientos de vivienda habitual. De este modo, la Ley de Vivienda regiría también sobre esta modalidad de alquiler, y el control de precios podría aplicarse también en estos casos.
Además, la norma recogía también la obligación de justificar la causa de temporalidad a la hora de celebrar un contrato de este tipo. Así, sería necesario especificar la causa habilitante de esa temporalidad, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista.
Uno de los aspectos más polémicos que incluía esta Proposición de Ley era la de limitar los alquileres temporales a un plazo máximo de seis meses. En caso de exceder esta duración o de que se encadenasen más de dos contratos sucesivos, el alquiler pasaría a considerarse residencial, y se le aplicarían los preceptos previstos para estos casos. Esta medida ha suscitado una fuerte oposición, ya que seis meses no serían suficientes para cubrir las necesidades de algunos colectivos como estudiantes o trabajadores desplazados.
Una última consideración a destacar sobre la propuesta está relacionada con lo referido a las pequeñas reparaciones derivadas del uso ordinario de la vivienda. Mientras que la LAU señala que corresponde al arrendatario hacer frente a estos gastos, el nuevo texto recogía que, en el caso de los alquileres temporales, esto correría a cargo del arrendador.
La toma en consideración de la propuesta no salió adelante en el Congreso debido a los votos en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya, que cambió el sentido de su voto en el último momento, tras haber anunciado previamente que optarían por la abstención. Sin embargo, el camino de este tipo de medidas encaminadas a regular el alquiler temporal parece que no terminará aquí. SUMAR se ha mostrado dispuesto a reclamar una segunda votación, mientras que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado sus intenciones de agilizar el plazo para que el Gobierno presente un Real Decreto para combatir el fraude en los alquileres temporales antes de 2025.
