¿Por qué extender las zonas tensionadas al País Vasco puede perjudicar el mercado del alquiler en la región?

La Ley de la Vivienda introdujo una serie de cambios significativos. Uno de ellos es la posibilidad de declarar zonas tensionadas en el mercado del alquiler. Sin embargo, la mayoría de las comunidades autónomas se han opuesto a esta medida. La consideran contraproducente para el objetivo de bajar los precios, ya que expulsaría a muchos propietarios del mercado del alquiler, disminuyendo, así, la oferta. Regiones como la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, la Comunidad Valenciana o Andalucía, entre otros, no tienen intención de declarar zonas tensionadas en sus territorios.

Por su parte, Cataluña sí estaba a favor, siendo la Comunidad que más lejos ha llegado en la aplicación de zonas tensionadas, declarando así 271 municipios.

Por otra parte, el País Vasco llevaba anunciando sus intenciones de decretar zonas tensionadas desde sus últimas elecciones autonómicas en abril. Sin embargo, ha empezado a ponerlo en práctica tras la conformación del nuevo gobierno. La primera zona declarada ha sido Errenteria, aunque se pretende extender a Bilbao, San Sebastián y Vitoria, así como a los municipios de Irún (Guipúzcoa), Galdakao (Vizcaya), Zumaia (Guipúzcoa) y Lasarte-Oria (Guipúzcoa).

Esto ha producido un aumento de la presión, acompañado de una caída de la oferta en el mercado de la vivienda. Según datos del Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, la presión ha aumentado entre el primer trimestre del año y el segundo. En Vizcaya la presión se situaba en 61 y se eleva hasta 168 interesados por vivienda en 10 días, en Guipúzcoa era de 50 y en Álava de 35, aumentando hasta 84 y 76 respectivamente. Se sitúan así, entre los más elevados del país.

Este desequilibrio entre el aumento de la demanda y la disminución de la oferta ha provocado una subida de precios. De hecho, el precio medio en el País Vasco en el primer trimestre del año fue de 1.240€ y en el segundo trimestre subió a 1.251€. Es una subida de unos 100€ con respecto al dato de cierre de 2023.

Por lo tanto, se puede concluir que la declaración de zonas tensionadas es ineficiente. La solución es fomentar la oferta y, estas medidas han contribuido a que, con tan solo el anuncio de la posibilidad de aplicar lo estipulado en la Ley de Vivienda, cada vez más propietarios hayan quitado sus viviendas del mercado.

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