Se cumple un año desde que el Gobierno aprobase la limitación de la actualización de las rentas del alquiler al 2%. O lo que es lo mismo: los propietarios sólo pueden subir el precio a sus inquilinos sin sobrepasar ese índice. Una medida que llegaba con la intención de paliar los efectos de la inflación disparada en la zona euro (9,8% en marzo de 2022).
A un año vista, contamos con datos suficientes para afirmar que la principal consecuencia -y la más alarmante- que ha tenido esta restricción es la huida de propietarios del mercado del alquiler, ante la falta de rentabilidad y la inseguridad jurídica con la que se han encontrado. No es de extrañar si tenemos en cuenta que, ante una limitación del 2%, los arrendadores han tenido que soportar la diferencia entre el incremento de los precios y la limitación de la actualización: hasta del 9% en algunos casos. Así podemos observarlo en el siguiente gráfico, donde se aprecia el desfase entre IPC, índice ARCA y el citado límite:
Esta dinámica se concreta en una reducción del parque de vivienda para alquiler de hasta el 23%, lo que ha generado un gran desequilibrio respecto a una demanda que continua al alza. El resultado es una explosión de precios sin precedentes que ha hecho del problema de la vivienda uno de los mayores quebraderos de cabeza para los ciudadanos.
Esto se debe a que, ante la imposibilidad de subir la renta por encima del 2% en la renovación del contrato, los propietarios se ven obligados a establecer precios más altos como punto de partida.
La materialización de este hecho es una subida entre los contratos firmados en enero de 2022 y los firmados en el mismo mes de 2023 de un 14,5%, tratándose de 734,78€ y 841,22€ respectivamente.
Por lo tanto, es evidente que este tipo de medidas no sólo no solucionan el problema de los precios de la vivienda sino que lo agravan. En el siguiente gráfico podemos observar claramente esta tendencia desde la aprobación de la medida:
Sin embargo, y a pesar de las evidencias, el pasado diciembre de 2022 el ejecutivo decidió prorrogar el límite del 2% durante todo 2023, hecho que contribuye a perpetuar la crisis del alquiler en España y que aumenta el riesgo de cronificar un problema que, sobre todo en los principales núcleos urbanos, ya ha causado estragos.
Lo que nos enseña la experiencia es que las medidas intervencionistas en la variable precio sólo generan más desequilibrio por la presión que ejercen sobre la oferta. Si lo que se pretende es mejorar el acceso de la población a la vivienda se debe apostar por el libre mercado, que termina por autorregularse, así como por iniciativas que incentiven el crecimiento del parque inmobiliario para alquiler, dando seguridad jurídica a los propietarios para que sigan optando por esta fórmula como la principal para obtener rentabilidad de sus viviendas.
