El pasado 26 de mayo se cumplió un año de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, que llego envuelta en polémicas y desacuerdos, pero que tenía un objetivo compartido por todos: la necesidad de generar oferta para bajar los precios y facilitar así el acceso a la vivienda a todas las personas.
Sin embargo, un año después, hemos podido comprobar que el mercado del alquiler sigue presentando fuertes carencias. La oferta de vivienda disponible para alquilar no deja de caer. La inseguridad jurídica y la incertidumbre provocada por los desacuerdos sobre este asunto están generando desconfianza en los propietarios, que en muchos casos optan por retirar sus inmuebles del mercado.
La Ley de Vivienda no ha logrado hasta ahora alcanzar su objetivo prioritario de incentivar la creación de oferta y de bajar los precios. El acceso a la vivienda, sobre todo entre algunos colectivos como los jóvenes, es un problema cada vez más preocupante en algunas zonas de España, especialmente en las grandes ciudades.
Los efectos de la Ley de Vivienda han resultado negativos en algunos aspectos. El límite de precios, que hasta ahora solo se ha aplicado en Cataluña, no ha logrado hacer más barato el alquiler. A esto se suma que los límites en la actualización anual de las rentas contribuyen a reducir el poder adquisitivo de los propietarios y que los incentivos fiscales muchas veces son ineficaces y amenazan la rentabilidad.
El resultado de todo esto es la pérdida progresiva de oferta. Entre 2022 y 2023, se retiraron del mercado más de 40.000 viviendas. Para este año, Alquiler Seguro estima que se perderán unas 60.000 más. Esto redunda en hacer más difícil aún el acceso a la vivienda para quienes más lo necesitan. Mientras tanto, la demanda de familias, jóvenes y demás personas que buscan vivir de alquiler no deja de crecer. Los mayores perjudicados por la desaparición de oferta son, en definitiva, los inquilinos.
Además, muchas de las medidas introducidas generan inseguridad y desconfianza entre los propietarios ante temores como impagos o problemas con sus viviendas. La Ley introdujo garantías de protección contra los desahucios que han generado mucha preocupación entre los arrendadores ante la posibilidad de que sus inquilinos puedan ser declarados vulnerables y dejen de pagar sus rentas.
Ante toda esta incertidumbre, el papel que cumple una empresa como Alquiler Seguro aportando seguridad y confianza a los propietarios cobra aún más relevancia si cabe. Alquiler Seguro garantiza el cobro de la renta todos los meses y dispone de sofisticadas herramientas y procesos garantistas para encontrar al inquilino idóneo para tu vivienda y minorizar así cualquier tipo de riesgo.
Un año después de su entrada en vigor, podemos concluir que la Ley de Vivienda no va camino de solucionar el problema del acceso a la vivienda en el país. Mientras las administraciones públicas sigan sin ofrecer un marco de garantías para los propietarios, la oferta seguirá cayendo, perjudicando en última instancia a todos aquellos que tan solo buscan encontrar un hogar en el que desarrollar su proyecto de vida.
